19 Written explanations of Mónica Silvana GONZÁLEZ

La UE ha aprobado un acuerdo, que da una respuesta a la crisis provocada por la COVID-19. Con este acuerdo Europa da un salto cualitativo en el proyecto de construcción europea. Es la primera vez que la UE se va a endeudar de manera conjunta.El objetivo de este gran fondo es que los europeos y las europeas superemos la crisis lo antes posible. Además, servirá para financiar la modernización de nuestras economías, para que esa recuperación sea verde, digital, moderna y social, que no deje a nadie atrás. Por ello nos felicitamos todos los que queremos una Europa unida, próspera y cohesionada, más justa y más fuerte.La importancia del acuerdo va mucho más allá del volumen de dinero que se va a movilizar. Europa manda un mensaje enérgico y se muestra lista para afrontar los desafíos sociales que nos aguardan.Y por ello lamentamos que el acuerdo presupuestario para el periodo 2021-2027 no haya sido suficientemente ambicioso. Porque Europa necesita un presupuesto fuerte para invertir en las prioridades identificadas antes de la crisis. Este Parlamento está dispuesto a negociar para mejorar este aspecto tanto en ingresos como en gastos. La UE saldrá reforzada y con ello, todos los ciudadanos europeos.

He votado a favor del Protocolo de aplicación del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible UE-Senegal porque creo que contribuye mucho a la conservación de los recursos y la sostenibilidad medioambiental de las aguas a este país, a la vez que ofrecen nuevas oportunidades de pesca a los buques de la UE sobre especies de las que somos deficitarios.A través de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero la Unión presta apoyo financiero y técnico a cambio de derechos de pesca sobre los recursos excedentarios en la zona económica exclusiva de Senegal, en un entorno regulado jurídicamente.Estos acuerdos también se centran en la conservación de los recursos y la sostenibilidad medioambiental, garantizando que todos los buques estén sujetos a las mismas normas de control y transparencia, apoyando la política pesquera sostenible del país socio.Paralelamente, se ha incorporado en todos los protocolos de los acuerdos de pesca una cláusula sobre el respeto de los derechos humanos.

He votado a favor del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la UE y la República de Seychelles porque creo que contribuye mucho a la conservación de los recursos y la sostenibilidad medioambiental de las aguas a este país, a la vez que ofrecen nuevas oportunidades de pesca a los buques de la UE sobre especies de las que somos deficitarios.A través de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero la Unión presta apoyo financiero y técnico a cambio de derechos de pesca sobre los recursos excedentarios en la zona económica exclusiva de Seychelles, en un entorno regulado jurídicamente.Estos acuerdos también se centran en la conservación de los recursos y la sostenibilidad medioambiental, garantizando que todos los buques estén sujetos a las mismas normas de control y transparencia, apoyando la política pesquera sostenible del país socio.Paralelamente, se ha incorporado en todos los protocolos de los acuerdos de pesca una cláusula sobre el respeto de los derechos humanos.

He votado a favor de la introducción de límites de capacidad para el bacalao del Báltico oriental, recopilación de datos y medidas de control en el mar Báltico y paralización definitiva de las flotas que pescan bacalao del Báltico oriental, porque son unas medidas urgentes muy necesarias para poder mejorar la gestión de las pesquerías en el mar Báltico.No se prevé que la población de bacalao del Báltico se recupere antes de 2024, por lo que es esencial introducir medidas muy estrictas para reducir drásticamente, y en algunos casos eliminar por completo, las capturas de estas poblaciones, así como introducir la posibilidad de prestar apoyo a la paralización definitiva de los buques afectados.

El presupuesto de la UE para 2021 es nuestra primera oportunidad de mostrar a los ciudadanos que estamos con ellos en tiempos de crisis y más allá.Por ello, los socialistas españoles hemos reforzado nuestro llamamiento en favor de un presupuesto sólido para la UE en el próximo año. En tanto que el primero de un marco financiero plurianual sin precedentes, este presupuesto debe reflejar las prioridades de los ciudadanos: salud, clima, juventud y cultura, preservando al mismo tiempo la dimensión social.2021 es el primer año del próximo presupuesto plurianual de la UE. Por ello el presupuesto de 2021 es crucial. Hasta ahora, las negociaciones en las comisiones han conseguido una financiación reforzada para muchos de nuestros programas emblemáticos progresistas en el ámbito de la juventud, la salud, el clima, la transición justa, las infraestructuras, la cultura, el género, la acción exterior y la ayuda humanitaria. La votación en el Pleno ha confirmado estos logros, en beneficio de todos los europeos.Esta semana acabamos de alcanzar un acuerdo histórico sobre el próximo MFP, lo que aumentará ahora nuestras posibilidades de financiar el presupuesto de 2021 y ofrecerá a nuestros ciudadanos la ayuda y la esperanza que necesitan.

He votado a favor de este informe legislativo que busca establecer el programa «La UE por la Salud» (EU4Health) para los años 2021-2027.Parte del Plan de Recuperación, este programa busca construir sistemas de salud resilientes en la UE, abordando las amenazas transfronterizas, haciendo que los medicamento estén disponibles y sean asequibles, y fortaleciendo los sistemas sanitarios.La propuesta aprobada por el Parlamento recoge alguna de las principales demandas socialistas, como las pruebas de resistencia de los sistemas sanitarios, la creación de un mecanismo europeo de respuesta sanitaria, el establecimiento de un espacio europeo de datos sanitarios, además de reforzar los mandatos tanto del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y como de la Agencia Europea de Medicamentos.

He votado a favor de este informe porque solo lograremos atajar la emergencia climática y reducir las emisiones en la próxima década si movilizamos todos los fondos públicos y privados disponibles para la transición hacia una sociedad libre de gases contaminantes.Este informe recuerda que se necesita un mínimo de 660 000 millones de euros al año para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. Nuestra responsabilidad es definir dónde encontrar estos miles de millones, procedentes de entidades públicas y privadas, europeas y nacionales, y asegurar que se gastan de manera correcta.En este informe, los eurodiputados asumen esta responsabilidad y proporcionan soluciones concretas: es necesario acabar con la financiación a combustibles fósiles, hacer un mejor uso de los miles de millones creados por el Banco Central Europeo y, lo que es más urgente, poner en marcha un verdadero presupuesto climático europeo impulsado por una cesta de nuevos recursos que incluya un impuesto sobre las transacciones financieras.Ahora son los Jefes de Estado quienes deben asumir su responsabilidad. El Pacto Verde Europeo solo será efectivo si cuenta con la financiación adecuada.

La propuesta de Resolución analiza las distintas medidas que, de forma excepcional, se han decretado en los países de la UE a consecuencia de la pandemia COVID 19, el impacto de estas en sus ciudadanos y en la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.Consecuencia de las medidas adoptadas, se han visto afectados, entre otros, derechos tan importantes como la libre circulación de personas, el derecho de reunión, el derecho a una tutela judicial efectiva, el derecho de asilo y refugio, etc.Asimismo, se ha producido una alteración del normal funcionamiento de los poderes del Estado y una merma del sistema de controles y un adecuado equilibrio entre estos.La propuesta de Resolución recuerda a los Estados miembros que, incluso en un estado de emergencia pública, deben prevalecer los principios fundamentales del Estado de Derecho, la democracia y el respeto de los derechos fundamentales, y que todas las medidas de emergencia, excepciones y limitaciones están sujetas a tres condiciones generales: las de necesidad, proporcionalidad en sentido estricto y la temporalidad, conforme a lo reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y diversos tribunales constitucionales y juzgados de los Estados miembros.

Desde el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de esta propuesta de Resolución porque ante las nuevas dinámicas en la sociedad internacional, es preciso que la UE esté completamente a la altura de las dinámicas geopolíticas actuales. El profundo impacto de la COVID-19 a nivel global ha conllevado consecuencias en todos los ámbitos, incluyendo la política exterior de la UE.Entre las principales cuestiones podemos ver la pérdida de confianza en instituciones internacionales y la necesidad de sus reformas, la necesidad de un mayor liderazgo y competencia geopolítica de la UE, y de garantizar su independencia con relación a algunos actores en sectores estratégicos, así como la importancia de aumentar la resiliencia de la UE en ámbitos como la diplomacia y la lucha contra la desinformación.Por ello, la UE debe buscar la consecución y defensa de sus valores y objetivos a largo plazo en la promoción de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, el fomento de la energía verde, la cooperación multilateral, entre otros. La UE debe tener un rol crucial en encontrar soluciones y contar con herramientas de protección de sus valores e intereses a nivel global.

He votado en contra de esta propuesta de Resolución para defender la cooperación al desarrollo, cuyo objetivo es erradicar la pobreza, y oponerme a que se supedite la ayuda a la colaboración de los países en desarrollo en materia de política migratoria y control de fronteras.He votado pensando en las personas que más lo necesitan, en el trabajo de las ONG de desarrollo y en la reputación mundial de la UE. Nuestro compromiso es garantizar que la UE siga siendo un líder mundial en la defensa de los derechos humanos, que la ayuda de la UE se centre en la erradicación de la pobreza y la desigualdad. La condicionalidad de la ayuda no es eficaz para abordar estos objetivos.Esta condicionalidad rompe el consenso europeo sobre política de desarrollo, no se ajusta a las necesidades de los países receptores y supondría utilizar estos recursos para el control de fronteras de estos países. Esta postura anti-inmigración, incorporada a última hora en la propuesta de Resolución, no solo es contraria a principios, sino contraria a la evidencia de que el crecimiento económico, el fortalecimiento del comercio y el aumento del nivel de vida requieren, con frecuencia, mayores flujos migratorios.

He votado a favor de esa propuesta de Resolución que aporta planteamientos progresistas a la evaluación de la política comercial común de la UE.La Comisión Europea ha puesto en marcha una importante revisión de la política comercial. Los Estados miembros, los sectores productivos y demás partes interesadas y la sociedad civil, están participando en ese proceso. La revisión incluye reflexiones sobre la respuesta a la COVID-19.El Grupo S&D valora positivamente que la política comercial de la UE se adapte a los desafíos que son: implementar el desarrollo sostenible, garantizar el respeto de los derechos humanos y laborales y lograr los objetivos establecidos en el Pacto Verde de la UE.Nuestro Grupo ha aportado referencias a la diligencia debida obligatoria; la inclusión de un capítulo de género y que se recoja el Acuerdo de París en todos los acuerdos comerciales; que los capítulos de desarrollo sostenible puedan tener una aplicación más efectiva; el apoyo a las negociaciones del Tratado de la Carta de la Energía; una cooperación más cercana con los EE. UU. para afrontar los retos estratégicos; y la intensificación de la negociación para el acuerdo sobre inversiones con China.

El PE ha dado luz verde al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para impulsar la economía europea tras la pandemia de la COVID-19 con 672 500 millones de euros mediante subvenciones y préstamos para apoyar reformas e inversiones en los Estados miembros.Nuestra posición desde el principio ha sido clara: asignar el dinero equitativamente sobre la base de seis pilares fundamentales: la transición sostenible, la transformación digital, la cohesión económica, social y territorial, la resiliencia institucional y políticas para las nuevas generaciones. Con ello lograremos la modernización de la gestión pública y el apoyo a la Garantía Juvenil e Infantil, incidiendo en la importancia de los sistemas nacionales de salud, su coordinación y colaboración a nivel europeo.Hemos integrado la perspectiva de género y las consultas con los interlocutores sociales, incluyendo una cláusula de retroactividad para que cualquier inversión realizada en los Estados miembros, desde el comienzo de la pandemia en Europa, sea elegible para reembolso.El MRR constituye un importante paso adelante en la mitigación de los efectos de la crisis de la COVID-19 y, con el objetivo del 37 % de gasto en la transición verde y el 20 % para la transición digital, también es un trampolín para nuestro futuro común.

Los socialistas en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de este informe y acogemos favorablemente la ambición del Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, que se centra especialmente en el diseño de los productos, la prevención de residuos y la mejor aceptación de los productos reciclados.Los socialistas españoles defendemos medidas ambiciosas y objetivos vinculantes para reducir las huellas de consumo y de carbono de la Unión. La Unión debe esforzarse por lograr una economía neutra en carbono, ambientalmente sostenible, libre de tóxicos y totalmente circular dentro de los límites planetarios para 2050 a más tardar. Este marco será clave para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, contribuyendo a la innovación, reforzando la protección del consumidor, abordando la obsolescencia programada y el derecho a obtener una reparación, y creando nuevos puestos de trabajo, al tiempo que se garantiza una transición justa.Los socialdemócratas hemos, además, reforzado las cuestiones sociales en el informe, para que el Plan de Acción para la Economía Circular esté vinculado a la aplicación de la estrategia de igualdad de género y del pilar social europeo, actualizando la Agenda de Capacidades a las nuevas necesidades específicas e incluyendo los requisitos de educación y formación.

La propuesta de Resolución, aprobada por 365 votos a favor, 118 en contra y 208 abstenciones, incluye la prevención y la lucha contra la pobreza de los trabajadores dentro del objetivo general de erradicar la pobreza en la Unión Europea.Algunas de las propuestas más ambiciosas han sido frenadas por la derecha, como la inclusión de un protocolo de progreso social en los Tratados europeos que prevalezca en caso de conflicto entre las libertades económicas fundamentales y derechos sociales colectivos, pero el balance general es optimista y han salido adelante propuestas para promover el trabajo indefinido, garantizar la presencia sindical en el lugar de trabajo, la protección social de trabajadores de plataformas y trabajos atípicos, la eliminación gradual de contratos de cero horas, o una Directiva que garantice salarios mínimos legales establecidos siempre por encima del umbral de pobreza con el fin de garantizar una vida digna a todos los trabajadores a tiempo completo.El informe tiene un sesgo progresista y ha puesto especial acento en la brecha salarial de género.

El Fondo de Transición Justa (FTJ) pone a disposición de los Estados miembros un total de 17 500 millones de euros para ayudar a todos los territorios de la UE, y en especial a aquellos con más dependencia de los combustibles fósiles, a transformar su economía en el tránsito hacia la neutralidad climática.He votado a favor del acuerdo alcanzado por colegisladores porque, dotando a España de un total de 790 millones de euros, contribuirá de forma decisiva a paliar los costosísimos esfuerzos que derivan de los compromisos realizados en el marco del Pacto Verde Europeo. En este sentido, integra satisfactoriamente las reivindicaciones del S&D con respecto a los aspectos sociales de la transición, incluyendo, entre otras, las previsiones específicas para inversiones en infraestructura social para niños y centros de mayores y la lucha contra la pobreza energética.El FTJ servirá de catapulta para la transformación de pymes y microempresas, y ayudará a los trabajadores en sus procesos de recapacitación y mejora profesional, que son de vital importancia. El Fondo abrirá oportunidades a las nuevas inversiones ligadas a la eficiencia energética, la digitalización o la movilidad inteligente, asegurando que esta transición es, además de verde, justa, social y equilibrada.

He votado a favor del informe de iniciativa sobre la revisión del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) porque, pese a las sucesivas reformas realizadas en los últimos años, quedan aspectos cruciales por mejorar.Con este propósito en mente, y resaltando el papel de la solidaridad entre Estados miembros como pilar de los valores de la Unión, reconoce el cambio climático y la consecuente intensificación de las catástrofes naturales como elementos que hacen a las regiones cada vez más vulnerables. De este modo, requiere del Ejecutivo europeo que revise el FSUE con tal de que integre de mejor manera los desastres de alcance regional, solicitando, por ejemplo, mayores sinergias entre los programas del FEDER y otros programas de desarrollo rural en la prevención y mitigación de riesgos naturales.En definitiva, este informe pone de manifiesto la importancia plantear un marco regulatorio que refleje mejor la realidad medioambiental a la par que solicita que se ahonde en sus simplificaciones procedimentales, facilitando igualmente orientaciones sobre las maneras de reducir la carga administrativa.

Los socialistas en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de este informe, que aborda el cambio climático como causa de las migraciones y como fenómeno que amenaza directamente el pleno disfrute de los derechos humanos (incluidos el derecho a la vida, al agua y al saneamiento, a la alimentación y a la salud) y que puede profundizar las vulnerabilidades, las desigualdades y la discriminación de género.Los socialistas pedimos que la Unión apoye a los países socios en sus esfuerzos por adaptarse al cambio climático y que las personas más vulnerables estén en el centro de la dimensión exterior del Pacto Verde y la acción humanitaria, especialmente las mujeres. Con nuestro voto hemos defendido una financiación adecuada para la mitigación, la adaptación y las pérdidas y los daños asociados al cambio climático, así como para la reducción del riesgo de desastres.Por último, queremos proteger a las víctimas cuyas vidas se ven amenazadas por los desastres y el cambio climático a través de un visado humanitario, la admisión temporal o de largo plazo (evitando su devolución), y medidas para evitar la apatridia de personas obligadas a huir de un país que se ha vuelto inhabitable debido al cambio climático.

La Delegación Socialista española en el Parlamento Europeo ha votado a favor de la Resolución sobre el derecho de información del Parlamento sobre la evaluación en curso de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, porque nuestro deber es conseguir que el dinero de los fondos de recuperación llegue cuanto antes a las personas que lo necesitan. La ciudadanía está pidiendo que aceleremos el paso para que llegue el dinero del fondo.El Grupo socialdemócrata de esta Cámara lleva diciendo desde hace mucho tiempo que hay que superar la lógica del PIB para pensar en las personas. Defendemos la transparencia y la buena cooperación entre las instituciones, pero eso no puede ser una coartada para otros fines; nadie entendería que nos enzarzáramos en una disputa entre las instituciones que retrasara el proceso. Eso no haría más que alimentar el euroescepticismo y la desafección de la ciudadanía europea al proyecto europeo.

. – En los últimos años se han incrementado los movimientos que pretenden no solo frenar los avances, sino volver atrás en materia de igualdad de género, derechos de las mujeres, derechos LGBTI, la salud sexual y libertad reproductiva, tanto en la UE como el mundo.En los Estados Unidos se está librando una batalla que, no obstante, también se extiende por Italia, España o Irlanda, donde han aparecido centros de salud en los que se presiona a las mujeres para que no aborten. Están financiados a escala internacional por empresas y oligarcas que pertenecen a redes de ultra derecha, entre las que se encuentran asociaciones como Hazte oír y Vox.Los y las socialistas hemos votado a favor de esta propuesta de Resolución con la que el Parlamento Europeo se posiciona en contra de este retroceso en los derechos de las mujeres en cualquier lugar y no vamos a permitir esos pasos atrás en materia de derechos sexuales y reproductivos cuyo fin es socavar los valores de la Unión y la democracia.