48 Written explanations of Eider GARDIAZABAL RUBIAL

He votado a favor de este informe porque tiene como objetivo reformar las normas del IVA, aplicables a las pequeñas empresas con el fin de reducir la carga administrativa y los costes de cumplimiento para las pymes y contribuir a la creación de un entorno fiscal beneficioso para el crecimiento de las pymes y el desarrollo del comercio transfronterizo.Se estima que los costes contables del IVA para las pequeñas empresas se reducirán en un 18 % de 68 000 millones de euros a 56 100 millones de euros en toda la Unión Europea, mientras que el comercio transfronterizo para las pequeñas empresas podría aumentar en un 13,5 %.En definitiva, consideramos que, con esta propuesta, hace más fácil, para la propiedad de las pequeñas empresas y las nuevas empresas, operar a través de las fronteras dentro de Europa. Ayuda a reducir las cargas administrativas y los costes de cumplimiento, haciendo que las pequeñas empresas sean más competitivas. Esto puede impulsar la promoción del empleo y el comercio en un momento crucial para la economía europea.

Como socialista concienciada con la necesidad del adoptar un nuevo modelo económico, social y ecológico que permita convertir a Europa en un continente neutro, he votado favorablemente la propuesta de Resolución común sobre el Pacto Verde Europeo, ya que refleja la ambición de las demandas socialdemócratas.En relación con los aspectos climáticos y medioambientales, el texto está totalmente en línea con los objetivos del Grupo S&D y el principal objetivo de reducción del 55 % de los GEI. Además, los socialistas conseguimos incluir muchas referencias a la dimensión social, haciendo una clara referencia al pilar europeo de derechos sociales, la pobreza energética y la necesidad de un Fondo de Transición Justa para las regiones, los trabajadores y las comunidades más afectados por la descarbonización.Por otro lado, la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles para 2020 ha sido confirmada una vez más por el PE, y otros temas que siempre hemos defendido los socialistas aparecen reflejados igualmente, como la necesidad de recursos adicionales y la defensa de objetivos vinculantes necesarios para la eficiencia energética de los edificios, la reducción de los plaguicidas peligrosos para la biodiversidad y las energías renovables a nivel nacional.

He votado a favor de la propuesta de Resolución al considerar que la situación en Polonia y en Hungría ha seguido deteriorándose en los últimos meses. Varios jueces y magistrados polacos han denunciado los abusos, las intimidaciones y el acoso que padecen ante el Parlamento Europeo. El TJUE ha puesto de manifiesto que la Oficina Judicial y la Cámara Disciplinaria polaca son incompatibles con el artículo 19 y el 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. La situación en Hungría también se ha agravado por la aparición de numerosos casos de corrupción. Por consiguiente, es necesario que la Comisión haga pleno uso de los instrumentos a su disposición para abordar un riesgo claro de violación grave por parte de Polonia y Hungría de los valores en los que se fundamenta la UE. Asimismo, el Consejo debe velar para que en las audiencias se aborden los últimos cambios en ambos Estados miembros y se evalúen los riesgos de vulneración de la independencia del poder judicial y la libertad de expresión.

He votado a favor de esta propuesta de Resolución porque en ella se pide una aplicación efectiva y coherente del Estatuto del personal de la UE de cara a evitar conflictos de intereses, en particular, para el alto funcionariado, recordando que el artículo 16 permite que las instituciones europeas rechacen una solicitud para optar por un trabajo específico si las restricciones impuestas no son suficientes para proteger los intereses legítimos de las instituciones.Además, se pide a la Comisión que evalúe la práctica actual sobre el empleo post-público a nivel europeo y nacional, con el fin de identificar medidas para la prevención de conflictos de intereses que surgen cuando el alto funcionariado de los organismos de la Unión deja sus puestos para ocupar un puesto en el sector privado, o cuando las personas que provienen del sector privado son nombradas para ocupar altos cargos en un organismo de la Unión, y tienen en cuenta sus conclusiones sobre las consideraciones de un marco legal armonizado para la prevención de conflictos de interés de empleo post-público.

El brote de COVID-19 ha impactado duramente en el sector de aviación a escala europea e internacional.Con el fin de ayudar a paliar el impacto del brote, la Comisión ha presentado una propuesta de Reglamento específica para aliviar temporalmente a las aerolíneas de sus obligaciones de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos. De esta manera, las aerolíneas podrán mantener sus derechos a las franjas horarias (slots ) en la temporada siguiente y se evitará que operen vuelos casi vacíos o vacíos (vuelos fantasma) por temor a perder estos derechos.El Grupo S&D ha apoyado esta suspensión temporal como medida fundamental para evitar los «vuelos fantasma» y su consecuente impacto económico y medioambiental. Asimismo, dado el alto porcentaje de cancelaciones y caídas en las reservas de los viajes para la temporada de verano, el Grupo S&D ha votado a favor de prolongar la exención de las obligaciones de los slots hasta el final de la temporada de verano (24 de octubre). Esto servirá para dar garantías y seguridad legal a las aerolíneas en esta situación sin precedentes.Las instituciones europeas han sabido responder de manera eficaz y coordinada y encontrar una solución europea a un problema europeo.

La pandemia del coronavirus ha creado una situación sin precedentes en nuestros países y regiones: la actividad económica se ha visto drásticamente afectada, las empresas —particularmente las pymes— luchan por sobrevivir y se necesitan recursos adicionales para dar apoyo a los sistemas sanitarios.Dada la necesidad y la urgencia de que se proporcionen medios financieros para hacer frente a la crisis, el Parlamento Europeo ha aprobado por 683 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea sobre una Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus, con el objetivo de apoyar a los Estados miembros y a sus ciudadanos en la lucha contra el brote del virus.El Grupo S&D ha apoyado esta propuesta que canalizará 37 000 millones de euros (8 000 millones de liquidez de inversión de los fondos estructurales no gastados en 2019 + 29 000 millones de euros de cofinanciación de presupuesto comunitario) de fondos comunitarios tan pronto como sea posible, para abordar las consecuencias de la crisis del coronavirus.El dinero se dedicará a los sistemas de salud, las pymes, los mercados laborales y otras partes vulnerables de las economías de los Estados miembros.

Como parte de la respuesta conjunta a la COVID-19, el Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) desempeña un papel importante como muestra de solidaridad de la Unión a los Estados miembros en situación de emergencia.Hasta ahora no era posible abordar los riesgos de salud con el FSUE, ya que fue creado para responder a desastres naturales, como inundaciones o terremotos.La propuesta de la Comisión, aprobada por 671 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones, propone enmendar el Fondo, ampliando el alcance para incluir emergencias de salud pública y definir operaciones específicas que puedan ser financiadas.El Grupo S&D ha votado a favor de esta modificación que pondrá a disposición de los países europeos hasta 800 millones de euros en 2020. El dinero podrá utilizarse para asistencia médica, así como a medidas de prevención, control y vigilancia de la propagación de enfermedades.La propuesta de Comisión propone elevar el nivel de los pagos anticipados al 25 % de la contribución esperada del FSUE, limitado a un máximo de 100 millones de euros, y aumentar el nivel total de créditos para anticipos del Fondo de Solidaridad en el presupuesto anual, que pasaría de 50 millones a 100 millones de euros.

El Grupo S&D ha votado a favor de las enmiendas en el Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea, propuesto en la sesión plenaria por el procedimiento de urgencia, según el artículo 163 del Reglamento interno.De este modo, el Parlamento Europeo contribuye y enriquece la propuesta de la Comisión Europea con el fin de permitir extender los plazos y proporcionar suficiente seguridad jurídica a los organizadores de iniciativas ciudadanas europeas en contextos como el de la pandemia de la COVID-19. Esta reforma del Reglamento permitirá extender el período de recopilación de iniciativas en curso a principios de marzo de 2020 a seis meses y define los procedimientos específicos para la recopilación, verificación y examen de las iniciativas ciudadanas europeas. Las condiciones para la prolongación de este procedimiento requerirán el acuerdo de un cuarto de los Estados miembros que representen al 35 % de la ciudadanía europea. El objetivo tras esta votación, y después de las negociaciones con el Consejo, y la necesaria reunión extraordinaria de la Comisión AFCO, es que se pueda adoptar en primera lectura en la sesión plenaria del 8 y 9 de julio de 2020.

He votado junto al Grupo S&D en el Parlamento Europeo a favor de esta propuesta de Resolución para pedir a la Comisión Europea y a los Estados miembros una respuesta valiente y ambiciosa para frenar la tasa de personas sin hogar en la Unión. Mediante esta propuesta de Resolución, el Parlamento Europeo pone el foco en la situación especialmente vulnerable en la que se encuentran los ciudadanos europeos sin hogar en el contexto actual, en el que la recomendación general para luchar contra la pandemia de la COVID-19 es la de quedarse en casa.Asimismo, el texto advierte sobre el preocupante aumento de la tasa de personas que viven en la calle en la Unión, una cifra que, en la última década, se ha incrementado en más de un 70 %. El Grupo S&D responde así, mostrando su apoyo y su compromiso con las preocupaciones de los ciudadanos europeos expresada a través de numerosas peticiones sobre la situación de las más de cuatro millones de personas sin hogar en Europa.A pesar de que son los Estados los competentes en materia de vivienda, este texto es un reflejo de la preocupación de los socialistas por hacer frente a la exclusión social en la Unión.

La Delegación Socialista Española ha votado a favor de esta propuesta de Resolución con la que el Parlamento Europeo expresa su preocupación por la respuesta dada por parte de los Estados miembros durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19, cuando se produjo un cierre de fronteras repentino en toda la Unión.El texto pone de manifiesto la situación especialmente complicada a la que se vieron sometidos los trabajadores transfronterizos; las regiones fronterizas; así como los estudiantes y las familias y parejas con diferentes nacionalidades.El texto llama a los Estados miembros a evitar a toda costa un nuevo cierre de fronteras como el vivido en marzo y exige que se mantenga el acervo de Schengen y que la limitación de la libertad de movimiento de los ciudadanos entre Estados quede como la última excepción.De esta forma los socialistas y el Parlamento Europeo en su conjunto responden a las preocupaciones expresadas por numerosos ciudadanos y ciudadanas europeos que se han visto afectados por los cierres de fronteras motivados por la pandemia.Asimismo, el texto llama a abogar por medidas proporcionales que tengan en cuenta la situación epidemiológica de cada región y que eviten cualquier tipo de discriminación.

He votado a favor de este informe porque es necesario establecer unos criterios horizontales en los textos legislativos, con el fin de avanzar hacia un mercado único sostenible para las empresas y los consumidores en el marco del Pacto Verde Europeo.Se deben eliminar las prácticas de obsolescencia programada, así como establecer la obligatoriedad de un etiquetado que aporte detalles sobre reparabilidad y durabilidad de los productos, en aras de otorgar al consumidor una clara información sobre el producto que está comprando.El derecho a la reparación también es un punto importante a destacar ya que, el 77 % de los europeos afirma que preferiría reparar un producto que comprar un nuevo, pero habitualmente el coste de ese arreglo es excesivo.Una amplia mayoría de los ciudadanos europeos consideran que también es importante conocer la huella climática y la compatibilidad con la eficiencia energética del producto que están comprando, y confirman que estos datos pueden ser decisivos a la hora de comprar un producto o no.Es una apuesta clara por la reutilización, reparación y reciclaje del producto, potenciando y fortaleciendo los criterios basados en la economía circular.

La Delegación Socialista Española, en su compromiso con la defensa de los derechos y libertades fundamentales de la UE, ha votado a favor de este informe en el que se condenan los ataques contra la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación por parte de los Gobiernos de algunos Estados miembros.El texto denuncia el aumento de un patrón de intimidación hacia periodistas críticos e insiste en la imperiosa necesidad de investigar y prevenir los ataques a periodistas. Así mismo, el texto señala que la concentración excesiva de la propiedad de los medios pone en riesgo el pluralismo periodístico, lo que hace más difícil desafiar la difusión de la desinformación.Por último, se exige un fortalecimiento del marco legal para luchar contra el creciente discurso de odio en línea y una mayor colaboración entre las plataformas en línea y las fuerzas del orden.La defensa y promoción de unos medios de comunicación plurales, independientes, críticos, de calidad y basados en los principios del respeto y la paz son uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia y contarán siempre con el apoyo de la DSE.

La Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo ha votado en a favor de este informe que destaca la necesidad de una nueva estrategia industrial para la Unión Europea, en línea con el objetivo de la neutralidad climática para 2050 a más tardar, con miras a apoyar la transición dual ecológica y digital, manteniendo y creando empleos de calidad, y fortaleciendo el espíritu emprendedor y apoyando a las pymes.El informe incide en que la estrategia debería fortalecer el liderazgo mundial de Europa y reducir la dependencia de la Unión de otras partes del mundo en las cadenas de valor estratégicas, evitando la deslocalización de industrias europeas y preservando un mercado abierto.Además, el informe tiene en cuenta la crisis de la COVID-19 y propone una actuación en dos fases interrelacionadas: una fase de recuperación dirigida a consolidar el empleo, reactivar la producción y adaptarla a una «nueva normalidad» post-COVID, mediante una rápida ejecución del Next Generation EU y una segunda fase dirigida a la reconstrucción y transformación para encauzar la transición ambiental y digital, mientras se fortalece la competitividad y la resiliencia a largo plazo de la sociedad y la economía.

Desde el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de esta propuesta de Resolución porque ante las nuevas dinámicas en la sociedad internacional, es preciso que la UE esté completamente a la altura de las dinámicas geopolíticas actuales. El profundo impacto de la COVID-19 a nivel global ha conllevado consecuencias en todos los ámbitos, incluyendo la política exterior de la UE.Entre las principales cuestiones podemos ver la pérdida de confianza en instituciones internacionales y la necesidad de sus reformas, la necesidad de un mayor liderazgo y competencia geopolítica de la UE, y de garantizar su independencia con relación a algunos actores en sectores estratégicos, así como la importancia de aumentar la resiliencia de la UE en ámbitos como la diplomacia y la lucha contra la desinformación.Por ello, la UE debe buscar la consecución y defensa de sus valores y objetivos a largo plazo en la promoción de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, el fomento de la energía verde, la cooperación multilateral, entre otros. La UE debe tener un rol crucial en encontrar soluciones y contar con herramientas de protección de sus valores e intereses a nivel global.

He votado en contra de esta propuesta de Resolución para defender la cooperación al desarrollo, cuyo objetivo es erradicar la pobreza, y oponerme a que se supedite la ayuda a la colaboración de los países en desarrollo en materia de política migratoria y control de fronteras.He votado pensando en las personas que más lo necesitan, en el trabajo de las ONG de desarrollo y en la reputación mundial de la UE. Nuestro compromiso es garantizar que la UE siga siendo un líder mundial en la defensa de los derechos humanos, que la ayuda de la UE se centre en la erradicación de la pobreza y la desigualdad. La condicionalidad de la ayuda no es eficaz para abordar estos objetivos.Esta condicionalidad rompe el consenso europeo sobre política de desarrollo, no se ajusta a las necesidades de los países receptores y supondría utilizar estos recursos para el control de fronteras de estos países. Esta postura anti-inmigración, incorporada a última hora en la propuesta de Resolución, no solo es contraria a principios, sino contraria a la evidencia de que el crecimiento económico, el fortalecimiento del comercio y el aumento del nivel de vida requieren, con frecuencia, mayores flujos migratorios.

He votado a favor de esa propuesta de Resolución que aporta planteamientos progresistas a la evaluación de la política comercial común de la UE.La Comisión Europea ha puesto en marcha una importante revisión de la política comercial. Los Estados miembros, los sectores productivos y demás partes interesadas y la sociedad civil, están participando en ese proceso. La revisión incluye reflexiones sobre la respuesta a la COVID-19.El Grupo S&D valora positivamente que la política comercial de la UE se adapte a los desafíos que son: implementar el desarrollo sostenible, garantizar el respeto de los derechos humanos y laborales y lograr los objetivos establecidos en el Pacto Verde de la UE.Nuestro Grupo ha aportado referencias a la diligencia debida obligatoria; la inclusión de un capítulo de género y que se recoja el Acuerdo de París en todos los acuerdos comerciales; que los capítulos de desarrollo sostenible puedan tener una aplicación más efectiva; el apoyo a las negociaciones del Tratado de la Carta de la Energía; una cooperación más cercana con los EE. UU. para afrontar los retos estratégicos; y la intensificación de la negociación para el acuerdo sobre inversiones con China.

El informe concluye que la orden de detención europea es un logro de primer orden, y un instrumento eficaz, útil e indispensable para luchar contra la delincuencia transfronteriza y llevar ante la justicia a los autores de delitos graves en el Estado miembro en el que haya tenido o esté teniendo lugar el proceso penal, por lo que repercute positivamente en el espacio de libertad, seguridad y justicia.No obstante, identifica también obstáculos relativos a la aplicación de este instrumento de cooperación judicial en los Estados miembros, así como retos relacionados con la diversidad de medidas que los Estados miembros pueden aplicar en la ejecución de las órdenes de protección europeas y el impacto del instrumento en relación con la protección de las víctimas de delitos.He votado a favor porque considero que contribuirá a mejorar el funcionamiento de la orden de detención europea y hará que se garantice de manera más efectiva la protección de los derechos fundamentales del sospechoso en los procedimientos.

Este informe presenta las prioridades del Parlamento Europeo para facilitar la futura revisión del Reglamento de la red transeuropea de transporte.El informe destaca la necesidad de actualizar la red en términos de sostenibilidad, digitalización, seguridad, mantenimiento y resiliencia a shocks climáticos como la borrasca Filomena, y sistémicos, como la crisis de la COVID-19.El Grupo S&D apoya este informe clave para desarrollar una movilidad más sostenible e inteligente en línea con el Pacto Verde. El informe pide impulsar una movilidad multimodal, interoperable, segura y accesible a todas las regiones y usuarios. Se deben priorizar modos de transporte más sostenibles como el ferrocarril, las vías navegables interiores y las autopistas del mar, y fomentar el despliegue de combustibles alternativos a lo largo de la red.El informe concluye que la revisión supondrá una oportunidad para acelerar la ejecución de la red básica y sus corredores. En el caso de España, será clave para finalizar los corredores europeos que discurren por nuestro territorio, el Atlántico y el Mediterráneo.Además, la revisión presentará una oportunidad para acelerar la finalización de los tramos transfronterizos y los enlaces pendientes y también la red global que garantiza la conectividad de todos los territorios de la UE.

El Fondo de Ayuda Europea para los Más Desfavorecidos (FEAD) es el instrumento financiero que ayuda a quienes han caído en la pobreza a dar sus primeros pasos para salir de la pobreza y la exclusión social. Unos 13 millones de personas reciben apoyo del FEAD cada año, incluyendo alrededor de 4 millones de niños menores de 15 años.La actual pandemia de COVID-19 ha tenido y continúa teniendo un impacto social muy severo que coloca a muchas personas en riesgo de pobreza y exclusión social, al tiempo que aumenta el número de aquellos más necesitados en la UE. Es de suma importancia que los recursos europeos se inviertan en las personas y en las consecuencias sociales de la crisis, sin olvidar a las personas más desfavorecidas. Los Estados miembros centran, en gran medida, las inversiones sociales actuales en salvar los puestos de trabajo, sin embargo, la pobreza y la exclusión social aumentan a una velocidad muy preocupante.Por ello el Grupo S&D pide un incremento obligatorio de los recursos FEAD que provienen de la iniciativa REACT-UE para los años 2020, 2021 y 2022. He votado a favor.

La propuesta de Resolución, aprobada por 352 votos a favor, 179 en contra y 152 abstenciones, esboza un modelo universalista de vivienda destinado a cubrir las necesidades de todos, sobre todo, de los grupos más vulnerables y aborda problemáticas específicas como el sinhogarismo o los asentamientos segregados.Los socialistas hemos defendido que el derecho a la vivienda no se defina estrictamente como el acceso a la vivienda social, sino en un sentido más amplio como el derecho a vivir en un hogar en paz, seguridad y dignidad.Algunas de las propuestas más ambiciosas han sido frenadas por la derecha como la prohibición de los desahucios, pero el balance general es optimista, y se pueden enumerar una serie de importantísimos logros que suponen la defensa de un modelo universalista de la vivienda.También hemos conseguido que salga adelante uno de los puntos más progresistas del informe: la inclusión de la vivienda en la lista de servicios económicos de interés general y, por tanto, excluido de las normas de competencia y ayudas estatales.Esta propuesta supone un enorme avance que daría a los países plena libertad para poner en marcha planes de vivienda pública y proveer tanta vivienda social como sea necesaria.

La pandemia de COVID-19 ha cambiado radicalmente la forma en la que trabajamos. Durante el confinamiento, uno de cada tres trabajadores comenzó a trabajar desde casa. Sin embargo, es después de meses de teletrabajo cuando muchos trabajadores y trabajadoras están sufriendo efectos secundarios negativos, tales como aislamiento, fatiga, depresión, agotamiento y enfermedades musculares u oculares. Los estudios muestran, además, que las personas que trabajan habitualmente desde casa tienen el doble de probabilidades de trabajar más del máximo de 48 horas por semana establecido en la legislación de la UE.El Grupo S&D pide a la Comisión que lance un procedimiento de consulta con los agentes sociales cuanto antes y presente una Directiva sobre el derecho a la desconexión que permita a los trabajadores y trabajadoras abstenerse de realizar tareas, actividades y comunicaciones electrónicas relacionadas con el trabajo, como llamadas telefónicas, correos electrónicos y otros mensajes, fuera de su horario laboral, incluso durante los períodos de descanso, vacaciones, bajas por maternidad y paternidad, y otros tipos de baja, sin sufrir ninguna consecuencia.He votado a favor.

He votado a favor de este informe porque las jurisdicciones con prácticas fiscales nocivas deben incluirse en la lista de paraísos fiscales de la UE, sean países terceros o europeos.La lista de la UE tuvo un impacto positivo en los paraísos fiscales al obligarlos a reformarse, sin embargo, algunos de los más grandes han logrado mantenerse al margen. Esto se ha debido fundamentalmente a la ausencia de criterios sólidos para la inclusión de países en la lista.Es por ello que el PE pide la introducción de criterios más estrictos, incluso de un criterio de tipo impositivo mínimo efectivo. Poner límites a la competencia fiscal es clave para limitar la elusión fiscal y garantizar que los países obtengan los recursos que necesitan para hacer frente a la actual crisis sanitaria.El PE también volvió pedir que los criterios para la inclusión de países de la UE en la lista sean similares a los de terceros países, y que se garantice más transparencia en el proceso de inclusión de países para evitar la colusión y la desaparición de paraísos fiscales notables de la lista negra de paraísos fiscales de la UE.

El PE ha dado luz verde al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para impulsar la economía europea tras la pandemia de la COVID-19 con 672 500 millones de euros mediante subvenciones y préstamos para apoyar reformas e inversiones en los Estados miembros.Nuestra posición desde el principio ha sido clara: asignar el dinero equitativamente sobre la base de seis pilares fundamentales: la transición sostenible, la transformación digital, la cohesión económica, social y territorial, la resiliencia institucional y políticas para las nuevas generaciones. Con ello lograremos la modernización de la gestión pública y el apoyo a la Garantía Juvenil e Infantil, incidiendo en la importancia de los sistemas nacionales de salud, su coordinación y colaboración a nivel europeo.Hemos integrado la perspectiva de género y las consultas con los interlocutores sociales, incluyendo una cláusula de retroactividad para que cualquier inversión realizada en los Estados miembros, desde el comienzo de la pandemia en Europa, sea elegible para reembolso.El MRR constituye un importante paso adelante en la mitigación de los efectos de la crisis de la COVID-19 y, con el objetivo del 37 % de gasto en la transición verde y el 20 % para la transición digital, también es un trampolín para nuestro futuro común.

Los socialistas en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de este informe y acogemos favorablemente la ambición del Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, que se centra especialmente en el diseño de los productos, la prevención de residuos y la mejor aceptación de los productos reciclados.Los socialistas españoles defendemos medidas ambiciosas y objetivos vinculantes para reducir las huellas de consumo y de carbono de la Unión. La Unión debe esforzarse por lograr una economía neutra en carbono, ambientalmente sostenible, libre de tóxicos y totalmente circular dentro de los límites planetarios para 2050 a más tardar. Este marco será clave para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, contribuyendo a la innovación, reforzando la protección del consumidor, abordando la obsolescencia programada y el derecho a obtener una reparación, y creando nuevos puestos de trabajo, al tiempo que se garantiza una transición justa.Los socialdemócratas hemos, además, reforzado las cuestiones sociales en el informe, para que el Plan de Acción para la Economía Circular esté vinculado a la aplicación de la estrategia de igualdad de género y del pilar social europeo, actualizando la Agenda de Capacidades a las nuevas necesidades específicas e incluyendo los requisitos de educación y formación.

La propuesta de Resolución, aprobada por 365 votos a favor, 118 en contra y 208 abstenciones, incluye la prevención y la lucha contra la pobreza de los trabajadores dentro del objetivo general de erradicar la pobreza en la Unión Europea.Algunas de las propuestas más ambiciosas han sido frenadas por la derecha, como la inclusión de un protocolo de progreso social en los Tratados europeos que prevalezca en caso de conflicto entre las libertades económicas fundamentales y derechos sociales colectivos, pero el balance general es optimista y han salido adelante propuestas para promover el trabajo indefinido, garantizar la presencia sindical en el lugar de trabajo, la protección social de trabajadores de plataformas y trabajos atípicos, la eliminación gradual de contratos de cero horas, o una Directiva que garantice salarios mínimos legales establecidos siempre por encima del umbral de pobreza con el fin de garantizar una vida digna a todos los trabajadores a tiempo completo.El informe tiene un sesgo progresista y ha puesto especial acento en la brecha salarial de género.

La Delegación Socialista Española ha votado en a favor de la propuesta de Resolución, ya que muestra su oposición al inicio comercial de la nueva central nuclear de Ostrovets (Bielorrusia), prevista para marzo de 2021, hasta que se implementen todas las recomendaciones del Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear (ENSREG).Esta propuesta de Resolución también pide que se tomen medidas en el caso de que no se asegure que la revisión interpares se completa. La mejor manera de dar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos es asegurarnos de que los procesos técnicos de evaluación sean rigurosos y transparentes. Y si no es así, tomar medidas, tal y como se ha producido al cesar el intercambio de electricidad entre Bielorrusia y la Unión.Debemos ser firmes y dotarnos de medidas para restringir las importaciones que no cumplen con los niveles europeos de seguridad. Pata eliminar todas las dudas, es necesaria una cooperación plena de las autoridades bielorrusas con el ENSREG.Además, vemos que sucesos como estos ponen en relieve la importancia estratégica de acelerar la sincronización de la red eléctrica báltica con la red continental europea.

El Programa InvestEU se basa en el exitoso Plan Juncker, y reunirá, bajo un mismo techo, el FEIE y trece instrumentos financieros actualmente disponibles. A través de cuatro ejes (infraestructura sostenible, investigación, innovación y digitalización, pymes e inversión social y capacidades), pretende movilizar casi de 400 000 millones de euros de inversiones en la UE, de los cuales casi 26 200 millones se prevén en el presupuesto de la UE 2021-2027.Además, InvestEU tendrá capacidad para apoyar el capital de las empresas afectadas por la pandemia, por lo que este mecanismo de apoyo a la inversión es crucial para fomentar la recuperación económica en toda la Unión e impulsar el empleo de calidad, la digitalización, la inversión en infraestructuras sostenibles, la innovación, la investigación y el desarrollo de empresas estratégicas. También, al menos el 30 % de las inversiones contribuirán a cumplir los objetivos de la Unión en materia de acción climática.Nuestro grupo ha trabajado para conseguir que InvestEU sea un instrumento fuerte y hemos defendido las cuestiones sociales y medioambientales, prestando especial atención a los sectores especialmente necesitados de apoyo, como el turismo, la cultura y las infraestructuras sociales.Por todo ello la Delegación Socialista Española ha votado a favor.

La Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo ha votado a favor de este informe legislativo que establece el programa «La UE por la Salud» (EU4Health) para los años 2021-2027, con un presupuesto de 5 100 millones de euros. Este instrumento impulsará la capacidad de la UE para hacer frente a las amenazas transnacionales, como la pandemia que estamos sufriendo, además de reducir las desigualdades en materia de salud y mejorar el acceso a medicamentos y productos sanitarios, evitando el desabastecimiento.La propuesta aprobada recoge algunas de las principales demandas de los socialistas, como la inclusión de los principios de «Una sola salud» y «Salud en todas las políticas», la acción para reducir las desigualdades, las pruebas de estrés a los sistemas de salud nacionales y el desarrollo de estándares sanitarios de calidad, así como la creación del espacio europeo de datos sanitarios. Los socialistas estamos satisfechos con el resultado de este programa, que contribuirá a la creación de la Unión Europea de la Salud.

Los socialistas en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de este informe ya que defendemos que el objetivo principal de un mecanismo de ajuste en frontera para el carbono debe ser el medio ambiente y el cambio climático. Por ello, apoyamos que los criterios medioambientales y climáticos sean los elementos esenciales en la elección del instrumento, garantizando un precio del carbono predecible y adecuado para incentivar las inversiones en descarbonización y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. En este sentido, compartimos que el informe del Parlamento no se haya decantado hacia una herramienta política concreta o diseño específico del mecanismo, para lo que habría que esperar los resultados de la evaluación de impacto.Los socialdemócratas defendemos que el mecanismo entre en vigor lo antes posible y, a más tardar, en 2023, que sea coherente con las normas comerciales multilaterales, que se establezcan exenciones para los países menos desarrollados, y que los ingresos formen parte del presupuesto europeo como un nuevo recurso propio.Por último, además de mejorar la acción climática de la UE, los socialistas creemos que este mecanismo animará a nuestros socios a aumentar su nivel de ambición y protegerá a nuestros fabricantes de la competencia desleal.

He votado a favor de este informe porque en él se discuten el proceso del Semestre Europeo y las orientaciones políticas de la política económica de la zona euro durante el último año.El informe del 2021 tiene plenamente en cuenta la crisis sanitaria actual.Además, hemos logrado introducir aspectos muy relevantes para una reforma del proceso del Semestre Europeo, como la necesidad de incluir indicadores sociales y medioambientales. También conseguimos incluir la necesidad de evitar la utilización de las reglas de austeridad como en la crisis financiera de 2008, así como la necesidad de crear una regla específica para las inversiones públicas, que resulta fundamental para la recuperación económica y para no penalizar a los Estados miembros con menor capacidad fiscal.Además, se hace referencia a que la cláusula general de salvaguardia permanezca activada mientras se cumplan las condiciones para su activación, con el fin de apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse de la presente crisis.Finalmente, el texto incluye una referencia a la necesidad de debatir la adaptación de las reglas fiscales vigentes actualmente, que están claramente alejadas de la realidad.

El Semestre Europeo tiene una importancia especial, por su vinculación con los planes nacionales de recuperación y resiliencia.Para los y las socialistas, los principios del pilar europeo de derechos sociales y los ODS deben ser la brújula que guíen las reformas y las inversiones y votamos porque la equidad y los derechos sociales tengan la misma importancia que los objetivos macroeconómicos y medioambientales en un modelo social ecológico y económico que mejore el bienestar de las personas en la UE y que no deje a nadie atrás.Partiendo de que la respuesta de la UE a la crisis de COVID-19 ha sido decisiva y diferente a las anteriores, por un lado, debemos asegurarnos de que las medidas de emergencia se prolonguen mientras sea necesario, y por otro, de acompañar los planes nacionales con ese fuerte compromiso social y de inversión para crear de empleo de calidad, reducir las desigualdades y combatir la exclusión social, disminuir las brechas de género en el empleo, en los salarios y en las pensiones, reforzando la conciliación de la vida laboral y familiar y avanzar hacia una nueva organización de los cuidados.

He votado a favor del informe porque considero fundamental implementar reglas comunes y ambiciosas en la UE para acabar con el dumping fiscal entre Estados miembros, que supone una pérdida de recaudación y mina la confianza de la ciudadanía. La publicación de los papeles de Pandora esta semana evidencia la necesidad de luchar contra estas prácticas a nivel internacional y europeo.El informe contiene propuestas como la introducción de un criterio de sustancia económica para determinar dónde deben tributar las empresas, la vigilancia de regímenes fiscales agresivos en el marco del Semestre Europeo o la definición de directrices sobre incentivos fiscales para evitar distorsionar el mercado único.Además, el informe propone la reforma del Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas, cuyos criterios para evaluar las prácticas fiscales nocivas han quedado obsoletos. Entre otros, debería considerarse un tipo impositivo mínimo —en línea con el acuerdo global sobre tributación mínima del 15 %— y un criterio de sustancia económica. Se propone también la reforma de su gobernanza, para hacerla más transparente y convertir las decisiones en vinculantes.

Los socialistas españoles hemos votado a favor de este informe legislativo de propia iniciativa que pone de relieve la necesidad de abordar la ciberviolencia de género a nivel de la Unión Europea ya que no hay definición común de la misma, lo que provoca grandes disparidades entre los Estados miembros en cuanto a la protección, el apoyo y la compensación para las víctimas.Hemos pedido a la Comisión y a los Estados miembros que definan y adopten una definición común de ciberviolencia de género y que, cuanto antes, se apruebe una Directiva global que cubra todas las formas de violencia de género, incluidos los ataques contra la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como la obligación de prevención, investigación y enjuiciamiento de los autores, protección de las víctimas y los testigos y recopilación de datos, como la mejor manera de poner fin a la violencia de género.Asimismo, hemos pedido al Consejo que vele por que todos los Estados miembros ratifiquen el Convenio de Estambul ya que, hasta la fecha, solamente lo han ratificado veintiún Estados miembros.

La DSE ha votado a favor de la ayuda de 1,4 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos (FEAG) para ayudar a 320 trabajadoras y trabajadores aragoneses del sector del motor a encontrar un nuevo empleo.La industria del automóvil ha sufrido mucho desde el inicio de la crisis sanitaria con problemas en la cadena de suministro, la bajada de la demanda, el incremento del precio de las materias primas y la escasez de chips semiconductores y con los consiguientes cierres de fábricas y pérdidas de empleo.Esta ayuda del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos (FEAG) ira destinada a medidas de asesoramiento, orientación profesional, intermediación laboral y búsqueda de empleo, así como a formación y recapacitación profesional.La movilización del FEAG es una señal clara del compromiso de las instituciones europeas, del Gobierno de España y de la Comunidad Autónoma de Aragón con la revitalización del sector del automóvil y con sus trabajadores y trabajadoras. Se trata de un sector prioritario en la transición verde y digital, una transformación que debe ser justa. Es necesario contar con fondos para que los trabajadores se puedan reconvertir de acuerdo con las nuevas necesidades del sector.

He votado a favor de este informe ya que supone la imposición de nomas y obligaciones a las grandes plataformas que actúan como guardianes de acceso en el sector digital privando a las pymes y start-ups de competir en igualdad de condiciones.Por ello, mi voto a favor de que estas pequeñas y medianas empresas puedan acceder al mercado, tengan las mismas oportunidades de llegar a los clientes y se generen mercados abiertos y justos.Por otro lado, otros de los motivos por los que mi voto ha sido favorable ha sido por el aumento de la protección que otorga este texto a los usuarios respecto a temas tan importantes como la publicidad dirigida, que queda totalmente prohibida para los menores.Además, este informe establece mayores requisitos de transparencia para los usuarios sobre cómo las grandes plataformas utilizan los datos personales. En líneas generales, los usuarios salen beneficiados y reforzados con esta nueva ley.También es importante resaltar la posibilidad de que las grandes plataformas sean multadas con hasta un 20 % del volumen de negocios mundial en caso de incumplimiento de la norma.De esta manera se asegura una correcta aplicación de la norma.

La Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo ha votado a favor del informe que realiza recomendaciones para la elaboración de las estrategias de renovación a largo plazo (ERLP) porque con ello se puede fomentar el incremento de la tasa de renovación del parque de edificios de la Unión.Los edificios son responsables de aproximadamente el 40 % del consumo de energía y del 36 % de las emisiones de CO2 en la Unión. Gran parte del parque inmobiliario de la Unión no es eficiente desde el punto de vista energético. Es, por tanto, un sector con un gran potencial para mejorar la eficiencia energética, implementar energías renovables y reducir las emisiones de GEI. Además, unas ERPL alineadas con la Ley del Clima, con medidas y herramientas concretas para triplicar la tasa de renovación actual ayudarán a la creación de empleos. También se trata de una oportunidad para mejorar la asequibilidad, reducir la pobreza energética y para abordar el elevado coste de la vivienda.La DSE también apoya la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios para alinearla con el Pacto Verde Europeo.

He votado a favor de esta propuesta de Resolución porque es fundamental para profundizar en la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en el Parlamento y las demás instituciones de la Unión Europea.Se trata de una propuesta de Resolución impulsada por los y las socialistas, en la que incidimos en la puesta en marcha de un plan de acción con medidas eficaces, como la formación para todo el personal y los diputados y diputadas, facilitar la denuncias, la creación una autoridad externa para supervisar las denuncias presentadas y la obtención de justicia, entre otras, con el fin de garantizar la tolerancia cero.

He votado a favor del despliegue del mecanismo CARE, y también de su tramitación por vía de urgencia, porque creo que es fundamental que los Estados miembros puedan desbloquear lo antes posible los fondos necesarios para hacer frente la llegada de refugiados ucranianos.Nos encontramos ante una situación excepcional que requiere de soluciones sin precedentes. Por ello, la aprobación del programa CARE supone el alivio de las presiones presupuestaras, ampliando la posibilidad del 100 % de la cofinanciación para los fondos remanentes de la política de cohesión 2014-2020 en el ejercicio contable 2021-2022. Además, gracias a su ágil tramitación, los Estados miembros y sus respectivas regiones podrán utilizar los recursos de los Fondos FEDER y el Fondo Social Europeo para cualquier tipo de medida destinada a socorrer a las personas que llegan de Ucrania; también de forma retroactiva, siendo financiables todas las medidas desplegadas a partir del 24 de febrero de 2022.El grupo socialista en el Parlamento Europeo sigue expresando su firme compromiso con la justicia social, también materializada en este Reglamento, que permitirá la financiación de proyectos relacionados con la educación, vivienda e integración de los millones ciudadanos que se espera lleguen a nuestras fronteras en los próximos meses.

Desde la Delegación Socialista Española, hemos trabajado para reafirmar nuestro compromiso de seguir prestando apoyo político, financiero, material y humanitario de forma coordinada para hacer frente a las duras consecuencias de la injustificada y brutal guerra lanzada por Putin contra Ucrania, así como apoyar la reconstrucción de una Ucrania democrática y plural. Por ello, he votado a favor de este procedimiento de urgencia para dar a los Estados miembros un acceso más rápido y más flexible al Fondo de Asilo, Migración e Integración y al Fondo de Seguridad Interior.El objetivo es hacer frente a las duras consecuencias de la guerra, prorrogando hasta la mitad de 2024 el periodo en el que se puede recurrir al Fondo de Asilo, Migración e Integración, así como permitir un acceso más flexible al Fondo de Seguridad Interior del periodo 2014-2020, para asegurar las fronteras exteriores y los visados, y para prevenir y combatir el terrorismo y la radicalización. Además, los Estados miembros podrán asignar contribuciones para el periodo 2021- 2027 en la partida de ingresos afectados externos. La propuesta permite utilizar urgentemente los fondos restantes, que ascienden a 420 millones de euros, para ayudar a hacer frente al aumento del número de personas en las fronteras y en los sistemas de gestión de la migración derivado de la invasión.Esta mayor flexibilidad para la gestión de los fondos potenciará la adopción de las medidas previstas en la Directiva del Consejo de 2001 sobre normas mínimas para la concesión de protección temporal y podrá buscar sinergias con la Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa (CARE).

Desde la Delegación Socialista Española hemos solicitado la activación del artículo 163 para la tramitación por procedimiento de urgencia del proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Moldavia sobre las actividades operativas realizadas por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en dicho país.El objetivo general del acuerdo es garantizar que la Agencia Frontex pueda proporcionar apoyo operativo a las autoridades moldavas sobre el terreno. Con este acuerdo, las autoridades moldavas podrán contar con el apoyo de los equipos de gestión de fronteras de Frontex para así responder más rápidamente a los desafíos actuales. Del mismo modo, los agentes del cuerpo permanente de la Agencia podrán ayudar en las verificaciones de documentos, los procesos de registro y ayudar a las personas vulnerables.Más de 500 000 refugiados y refugiadas han entrado en la República de Moldavia desde Ucrania tras la invasión del 24 de febrero de 2022. Las autoridades moldavas de gestión de fronteras se enfrentan ahora al doble desafío de regular la entrada y posterior salida de potencialmente cientos de miles de refugiadas y refugiados, incluida la vigilancia del contrabando de armas. Además, un 12 % del territorio del país no está bajo el control de las autoridades, incluida una gran parte de la frontera con Ucrania.En vista de ello, es indiscutible que la Unión Europea también debería apoyar a las autoridades moldavas para poder responder a los desafíos actuales y ayudar a las personas que huyen de las zonas de guerra mientras dure esta situación. Al mismo tiempo, que también debemos asegurarnos de que en Moldavia se cumpla el mismo nivel de protección y salvaguardias contra las violaciones de los derechos fundamentales que en la UE.

He votado a favor de esta propuesta de Resolución común que reclama diversas acciones para preservar la seguridad alimentaria dentro y fuera de la UE.Tras el drama humanitario que padece Ucrania, esta invasión amenaza seriamente la seguridad alimentaria de muchos países en desarrollo.El texto analiza las consecuencias e insta a la Comisión contribuir en los foros internacionales en la búsqueda de soluciones para garantizar la nutrición en los países más vulnerables. A nivel interno, propone medidas de apoyo temporales para que agricultores, pescadores y ganaderos en la UE conserven sus ingresos y afronten el reto de la escalada de costes de insumos y garanticen el funcionamiento de la cadena de suministro durante esta nueva situación de emergencia, como ya lo hicieron durante la pandemia.

La Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo vota a favor de este informe porque nos acerca al fin de las diferencias salariales entre hombres y mujeres y a garantizar que mujeres y hombres reciban igual salario por igual trabajo o trabajo de igual valor.La diferencia salarial media entre hombres y mujeres en la UE continua alrededor del 14 %, diferencia que, en el caso de los ingresos anuales se aproxima al 40 %. Dicha brecha se debe en parte a la falta de transparencia salarial, que facilita la discriminación por razón de sexo.Socialistas y Demócratas han logrado que las empresas con más de 100 trabajadores y trabajadoras deban informar anualmente sobre la brecha salarial y tomar medidas, así como reforzar los derechos laborales a través de las fuerzas sindicales y hacer recaer la carga de la prueba en las empresas y los Estados miembros, y no sobre las trabajadoras, que hasta ahora tenían que acudir a los tribunales para demostrar la discriminación salarial.

Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de este Reglamento que establece normas más estrictas para los gases fluorados, que son potentes gases de efecto invernadero que provocan hasta 25 000 veces más calentamiento global que el CO2 y representan alrededor del 2,5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión.Los socialdemócratas hemos conseguido buenas soluciones para las bombas de calor, así como para los inhaladores de dosis media. A su vez, hemos conseguido incluir la formación de los trabajadores y disposiciones contra el comercio ilegal, para establecer normas claras sobre las tiendas online. En cuanto a las bombas de calor, hemos conseguido alinear esta propuesta con la propuesta REPowerEU y nuestras ambiciones de seguridad energética. No podemos permitir el uso de PFAS en las bombas de calor ya que tendrían un potencial de calentamiento global (PCA) muy alto, por lo que hemos defendido que estas usen alternativas naturales.El Reglamento sobre los gases fluorados no solo contribuirá a acelerar la transición hacia la neutralidad climática, sino que también limitará el riesgo de bloqueo en soluciones intermedias y ofrecerá seguridad a consumidores e inversores.Por todo ello, los socialistas hemos respaldado el informe.

Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de este Reglamento que refuerza las disposiciones que regulan las sustancias que agotan la capa de ozono. Estas sustancias son productos químicos fabricados por el hombre que, una vez emitidos, llegan a la atmósfera superior y destruyen la capa protectora de ozono, causando el llamado agujero de ozono. Tienen importantes repercusiones sobre la salud humana y el medio ambiente y son gases de efecto invernadero con un elevado potencial de calentamiento global.Los socialdemócratas hemos conseguido reforzar la propuesta de la Comisión e introducir un nivel máximo de emisiones y un calendario para la eliminación progresiva de los límites cuantitativos, así como garantizar que la Comisión actualice la lista de sustancias del Anexo I cuyo uso está permitido. Asimismo, pedimos que los Estados miembros establezcan planes de acción vinculantes para reducir el riesgo de formación de piro-cumulonimbos procedentes de incendios forestales y su impacto negativo en la estratosfera y la capa de ozono.El ozono es una de las grandes historias de éxito de la política medioambiental y muestra cómo se pueden lograr excelentes resultados con normas vinculantes claras, que han faltado durante décadas en cuanto a ambición climática.

He votado a favor de la posición del Parlamento sobre la Ley de Inteligencia Artificial porque considero necesario regular la inteligencia artificial y controlar los riesgos inherentes al uso de dicha tecnología, asegurando la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, favoreciendo la transición digital de nuestras sociedades y dotando de seguridad el desarrollo de las IA europeas.He apostado por una inteligencia artificial que sirva y ayude a las personas, situándolas en el centro de su desarrollo, una IA transparente, segura, justa y responsable. Hemos reforzado el ámbito de aplicación de la normativa y solicitado la aplicación de principios éticos a todos los sistemas de IA. También he apoyado la ampliación de las prohibiciones de uso de sistemas de reconocimientos biométrico en lugares públicos en tiempo real, el uso predictivo por la policía o el reconocimiento de emociones en áreas sensibles, como la educación o el control de las fronteras. Finalmente, hemos propuesto regular los sistemas como Chat GPT y cubrir los riesgos contra el medioambiente, la democracia y el Estado de Derecho.La norma empodera a los trabajadores, que deberán ser informados y cuyos representantes sindicales deben ser consultados.

Durante décadas, la seguridad del abastecimiento alimentario en la Unión ha sido incuestionable. En la actualidad, tanto las consecuencias del cambio climático como las dificultades derivadas de la pandemia y de la invasión de Ucrania han puesto de relieve la necesidad de reforzar la seguridad alimentaria, la autonomía estratégica y la resiliencia del sector agrario de la Unión.He votado a favor de este informe que reconoce el carácter estratégico de la agricultura y analiza ampliamente los retos que afronta la seguridad alimentaria, dentro y fuera de la Unión. El informe resalta el indiscutible nexo entre agricultura y el medioambiente y la necesidad de apoyo a los agricultores para seguir avanzando en la sostenibilidad de nuestro sistema alimentario; en especial, garantizando el relevo generacional, pues la digitalización, la innovación, el producir más con menos, solo serán posibles si conseguimos atraer jóvenes al sector: la mejor garantía de futuro para la seguridad alimentaria de la Unión.

Cuando una persona joven realiza prácticas está trabajando y, por tanto, debe ser tratada como tal. Sin embargo, el último eurobarómetro muestra que solo un 55 % de los becarios y becarias recibe algún tipo de compensación económica y que solo un 33 % tiene plena cobertura social.Frente a una derecha que se abstiene y se pone de perfil a la hora de defender los derechos de los y las trabajadores jóvenes, los y las socialistas hemos votado a favor de este informe que pide una ley europea para garantizar la calidad de los periodos de prácticas y poner fin a la explotación de los becarios y becarias en la Unión.Recogemos demandas clave, como la obligatoriedad de las empresas a suscribir contratos que establezcan condiciones de trabajo dignas, acceso a protección social, incluyendo derechos de pensión, seguro médico y vacaciones pagadas, así como el reconocimiento de los periodos de prácticas como experiencia laboral en la contratación y su duración limitada.Los y las socialistas apostamos por oportunidades con derechos; apostamos por el empleo de calidad.

He votado a favor de la propuesta legislativa del Parlamento sobre la composición de la Eurocámara tras las elecciones europeas de 2024. Los socialistas europeos hemos apoyado esta nueva propuesta en la que se añaden 11 escaños adicionales (pasando de 705 a 716) para compensar la representación de los Estados miembros que ganan población. Los Tratados atribuyen como máximo 751 diputados a la composición de la Eurocámara, por lo que con esta propuesta garantizamos espacio suficiente para incluir la circunscripción paneuropea de 28 escaños incluida en la nueva propuesta de ley electoral europea al mismo tiempo que se lanza un mensaje positivo de cara a futuras ampliaciones. De igual modo, el Parlamento cumple con la obligación que establece el Tratado de respetar la proporcionalidad decreciente y España aumenta su peso y representación pasando de 59 a 61 escaños. Una vez el Parlamento Europeo adopta su posición, corresponde al Consejo Europeo por unanimidad adoptar una posición que ha de ser refrendada por el Parlamento Europeo.